(Escribe Prof. Regino López). Desde el comienzo de la discusión de la rendición de cuentas, hemos venido presenciando una discusión muy fuerte, con respecto a los aportes económicos que los particulares pueden hacer a las universidades privadas a cambio de exoneraciones tributarias.
El debate fue planteado en la medida que nace en el seno del Frente Amplio la propuesta de eliminar las exoneraciones tributarias a cambio de los aportes; llevando el Frente Amplio el concepto “aporte” al campo puro de la filantropía y no como se da hasta ahora con un interés determinado, que lejos del aporte como donación y aspiración de colaboración en aras de una ayuda puntual, es una inversión. Se invierte en la educación privada y a cambio el Estado premia con la exoneración tributaria.
La discusión se ha planteado por parte de diferentes actores y hasta se maneja la posibilidad ahora de rediscutir el concepto y algunos buscan dar marcha atrás con algo que deja a nuestra educación pública en situación de inferioridad, porque encima de que presupuestalmente estamos lejos de lo necesario y requerido para mejorar, si se impulsa el beneficio a lo privado, la competencia es desleal y hay una situación de superioridad desfavorable para lo público.
Vale aclarar que en ningún momento se planteo prohibir la “donación”; nunca se dijo tampoco que se impedía recibir el aporte, lo que se quiere dejar claro es que si se quiere ayudar económicamente se lo haga, pero no esperando algún beneficio del Estado.
En nuestro país la educación privada cuenta con una serie de beneficios que la ponen en un lugar de privilegio; al punto, que estas instituciones, que reciben un pago mensual a cambio de impartir conocimiento, están exoneradas de los aportes patronales de sus trabajadores. La exoneración significa que la patronal no debe realizar el aporte correspondiente por sus trabajadores y que es el Estado quien asume la responsabilidad. Contar solamente con este beneficio posiciona a lo privado en situación de privilegio con respecto a la educación pública, que no goza de este beneficio ni de otros. Si al mencionado le sumamos los aportes privados, evidentemente que la educación privada tiene un apoyo importante.
Lo cierto es que la discusión está planteada con respecto a la quita de las exoneraciones, donde el propio sindicato de la enseñanza privada de secundaria apoya la idea de que las donaciones se hagan sin recibir del estado nada a cambio. Esta posición de SINTEP (Sindicato de trabajadores de la Enseñanza privada) refuerza la idea discutida hasta ahora y da elementos para continuar transitando por una reforma económica que deje mejor para a la enseñanza pública.
