Una serie de obras que figuran como realizadas y certificadas por las autoridades nacionales que enviaron el dinero para que las mismas se construyeran, vehículos adquiridos y que figuraban como comprados pero que los terminó abonando la actual administración y otra serie de elementos similares, fueron los que arrojó el estudio realizado por la empresa capitalina Deloitte y que las autoridades de la comuna salteña dieran a conocer ayer en conferencia de prensa.
En ese sentido, el encargado de Auditoria Interna de la comuna, Alejandro Bermúdez, que estuvo en la mesa junto al director de Tránsito Rafael Di Donato, al abogado patrocinante, Federico Alvarez Petraglia, al director de Salud e Higiene de la comuna, Juan Pablo Cesio y al secretario general de la Intendencia saltelña, Fabián Bochia, brindó información sobre el asunto.
PROCEDIMIENTO
“Tuvimos muchos inconvenientes en acceder a la información, hubo resistencia por parte de funcionarios de carrera en brindarnos datos, no se encontraron proyectos, ni las certificaciones, por lo cual el faltante de la documentación es amplísima”, declaró el funcionario.
Bermúdez señaló que la auditoría sostiene que se encontraron “hallazgos, evitando conclusiones formales de lo encontrado”. El funcionario admitió que la diferencia entre una auditoría y este informe con la aplicación de métodos de auditoría, es que hacer “una auditoría “nos habría llevado años en concluirla y nosotros precisábamos información rápida y además la misma habría calificado si se encontrara un hecho delictivo y aquí solo se menciona la existencia de hallazgos”.
Bermúdez se detuvo especialmente en las conclusiones sobre la gestión del “Fideicomiso 1, donde llama poderosamente la atención que las obras relatadas como objeto del fideicomiso no existen. No está el pavimento de adoquines en la zona portuaria, no existe el Parque Sauzal, no existe la refacción del frente costero, no existe el arreglo de los muros de la costanera, todas situaciones que cualquier persona las puede constatar a simple vista”.
Señaló que “otro caso curioso” es el que se cumplió a través de Contaduría donde en los últimos meses de la administración anterior, se hicieron gastos a rendir, procedimiento que implica que un funcionario retira un dinero bajo su responsabilidad para efectuar compras y luego debe justificarlas con la documentación pertinente.
“En uno de los casos, el retiro fue por un valor de 1,2 millones de pesos, donde a los pocos días a este mismo funcionario se le dio otro gasto a rendir por 700 mil pesos, para la compra de combustible lo cual está prohibido, pero no termina allí el problema, hay facturas sin firmar, otras que refieren a compras grandes de combustible donde tampoco se aclara a donde fue destinado ese combustible”, exclamó el funcionario.
Sostuvo que otro de los casos que “llama la atención es que a un proveedor le fue solicitado una factura por 700 mil pesos con el fin de certificar una obra, es decir le pidieron al proveedor que entregara la factura antes de entregar la mercadería por valor de 700 mil pesos. Esa obra fue certificada gracias a esa factura, este proveedor no recibe ni el dinero ni se le devolvió la factura, lo que implicó que la actual administración tuviera un juicio penal en su contra y debiera pagar lo que supuestamente ya se había pagado”.
Y adelantó que lo más “contundente de este estudio surge por la contratación de eventos, obras certificadas por el gobierno como hechas sino también obras en el barrio Víctor Lima donde no fueron correctamente realizadas, las obras previstas en el Cementerio donde se les dio el dinero para hacer una cantidad de nichos y se terminó haciendo el 50% de los mismos”.
Bermúdez también enumeró una serie de obras por las cuales la comuna salteña durante la anterior administración recibió dinero “uno puede constatar que las mismas no existen, como todas las mejoras previstas para las Termas del Arapey y demás”.
Sostuvo que respecto a la planta de tratamiento de residuos en el vertedero municipal la administración anterior solicitó una ampliación del mismo, con el fin de adquirir dos camiones contenedores para la recolección de la basura, “estos camiones vinieron a la Intendencia en su momento y fueron certificados como entregados, pero los tuvo que pagar la actual administración cuando la gestión anterior ya había recibido la plata para pagarlos, pero no lo hicieron”, “toda esta información está en la página oficial de OPP, a la cualquier ciudadano puede acceder”.
Alejandro Bermúdez subrayó que “el informe es contundente, la justicia determinará las responsabilidades de cada uno”.