Desde el ascenso del Frente Amplio al Gobierno nacional se ha impulsado un conjunto
de políticas culturales de gran volumen e impacto si se establece una comparación histórica.
Sin embargo, en los últimos 13 años de gobierno no se han resuelto algunos de
los problemas estructurales que permitirían terminar de arraigar el conjunto de acciones
emprendidas y dar cumplimiento al programa de la fuerza política de gobierno, y
principalmente a los acuerdos internacionales que Uruguay ha suscrito en cuanto a derechos
culturales,1 referidos a garantizar mayor desarrollo, democratización y descentralización
cultural.
Las principales políticas culturales impulsadas por el Frente Amplio, si bien han
tenido continuidad, han sido desarrolladas con distinta intensidad en los tres períodos
de gestión. También los gobiernos departamentales (en el presente artículo se toman
tres casos conducidos por la misma fuerza política y con similares características) muestran
criterios inverosímiles del rol de la cultura y las políticas culturales en la comuna.
Cuando se debate si el Gobierno nacional se ha quedado sin agenda o no, dos programas
que aparecen como experiencias innovadoras en materia de políticas culturales
públicas dejan al descubierto el potencial renovador que la cultura tiene para aportar
en la agenda gubernamental. A ello se dedica el presente artículo.
Al llegar al gobierno nacional, el Frente Amplio comenzó una serie de innovaciones
en materia de políticas culturales, procurando sacar al Uruguay del profundo retraso
que presentaba en este campo y ponerlo en sintonía internacional. Se crearon por
ley diferentes fondos de carácter concursable para estimular y fomentar la cultura,
1 La idea de ciudadanía cultural parte de principios y de una serie de convenciones y resoluciones que la
UNESCO ha divulgado al menos desde 1998, con la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales
para el Desarrollo, celebrada en Estocolmo (UNESCO, 1998), en 2001 con la Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2004) y en 2005 con la Convención sobre la Protección y la Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 2005), ambas aprobadas en París, todo
en estrecha relación con la defensa de los derechos culturales y de la diversidad cultural.
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como el Fondo Nacional Concursable para la Cultura y sus derivados, los Fondos Regionales
de Cultura, el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior
del país, el Fondo de Incentivo, el Fondo de Estímulo a la Creación y Formación Artística
y el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, se mejoraron fondos ya existentes
y se impulsó la integración internacional a los denominados fondos Iber. También
se crearon el Instituto del Cine y el Audiovisual, el Instituto Nacional de Artes Escénicas,
el Sistema Nacional de Museos y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, entre otras
vías de apoyo o estímulo directo.
A ello se agregan otras políticas, como la creación de los Centros MEC, las Usinas
Culturales y las Fábricas de Cultura, que apuntan a saldar la histórica deuda de presencia
física del MEC en todo el territorio nacional, principalmente el interior.
Sin embargo, el acelerado ritmo que tuvo esa agenda de políticas culturales —en
general sin acompañamiento de una institucionalidad y una estructura gubernamental
acordes— paulatinamente fue decreciendo. Una asociación directa puede relacionarla
con la desaceleración del crecimiento del país desde principios de la presente década,
aunque la desaceleración de las políticas culturales fue aún mayor que la economía del
país. Una segunda causa seguramente está vinculada con la prioridad que adquirieron
en la distribución presupuestal otras áreas del Estado, como seguridad, salud o educación.
En el último tramo hubo problemas para consolidar muchas de las acciones encaminadas.
La interrogante que se plantea es qué sucederá con estas innovaciones
—tomémoslas como logros— con un eventual cambio de orientación política en el gobierno
nacional.
Políticas de Estado
En materia de políticas culturales, en comparación tanto con la historia uruguaya reciente
—tomemos las últimas cuatro décadas— como con las experiencias regionales
más próximas, se advierte una sustancial diferencia entre la perspectiva de los gobiernos
de izquierda y centro-izquierda, por un lado, y los que podríamos identificar dentro
del espectro liberal o de centro-derecha y derecha. Mientras los primeros le han adjudicado
al Estado un rol preponderante en el impulso de políticas culturales, en especial
las que despliegan líneas de democratización cultural, los segundos se han inclinado por
un repliegue del Estado en este campo. La mentada baja del costo del Estado incluye
reducir el presupuesto de cultura. También es notoria la ausencia de la temática cultural
en las agendas partidarias de esta segunda perspectiva.
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Así como al inicio del presente artículo se listaron algunos avances en políticas
culturales de los sucesivos gobiernos frenteamplistas, en el sentido inverso, de desconstrucción
política, se pueden mencionar varias medidas que se han tomado en la República
Argentina con la administración Mauricio Macri, desde los casos de mayor escándalo,
como el despido de unos 600 trabajadores del Centro Cultural Kirchner en su primer
año de gestión, hasta el más reciente cierre del Ballet Nacional, o la afectación de
un sinnúmero de espacios culturales independientes y comunitarios diseminados por
todo el país. Incluso la creación de una ley de mecenazgo llamada Sistema Nacional de
Desarrollo Cultural, que podría tomarse como un posible avance, despertó fuertes polémicas
en diversos ámbitos y colectivos de artistas que consideraron que pone el foco en
el beneficio empresarial y no en el desarrollo de las artes.
Voces muy calificadas han aludido de modo directo y duro a este proceso. Néstor
García Canclini habló de «la disolución del campo cultural» y afirmó que «en Argentina
y en Brasil, gravemente, hay una reducción de los presupuestos científicos y culturales»
(Mendoza, 2018).
Por su parte, Rubén Szuchmacher, actor, director y gestor teatral, reflexionó: «La
facilidad con la que Macri desmonta hoy las políticas culturales del período anterior responde
a la poca solidez que estas tuvieron» (Yang y Abraham, 2016).
Asincrónico
Los casos mencionados no se presentan como absolutos, sino como reflejos contundentes
de una compleja realidad. Tomando la reflexión de Szuchmacher, el Uruguay tiene
mucho para avanzar aún en las políticas y la gobernanza cultural, principalmente en
situar a la cultura en su agenda de políticas de Estado.
Así como se aludió en grandes líneas al proceso que se está registrando en el Gobierno
nacional, se puede traer el ejemplo concreto de tres gobiernos departamentales
frenteamplistas que comparten una misma región: Río Negro, Paysandú y Salto.
En Río Negro, dentro del organigrama del gobierno departamental, la Dirección de
Cultura (y Educación) está inserta en la Dirección General de Promoción y Desarrollo
Humano. En Paysandú, la Dirección de Cultura tampoco tiene rango de dirección general,
sino que se inscribe en el Departamento de Promoción y Desarrollo. En Salto, en
cambio, Cultura sí es un departamento autónomo.2 La diferencia de partida está en que
2 En la Intendencia de Salto el Departamento de Cultura fue creado dentro del organigrama departamental
en el período 2005-2010, del intendente Ramón Fonticiella, y continuó en el período 2010-2015, del
intendente Germán Coutinho, así como en el actual gobierno del intendente Andrés Lima.
Vale recordar que el presupuesto quinquenal del ejecutivo de Lima, si bien no fue aprobado por la Junta
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por tener esa jerarquía integra el gabinete departamental de gobierno, lo que marca una
diferencia nada menor.
Más allá de la ingeniería aplicada, la impronta del accionar y la disponibilidad presupuestal
son considerablemente diversas en los tres casos. Pero lo que interesa aquí es
notar cómo tres gobiernos frenteamplistas, dos de ellos del mismo sector interno, tienen
valoraciones distintas del rol de las políticas culturales, lo que se expresa en sus respectivos
organigramas departamentales, con independencia de que en los hechos su accionar
tenga más puntos en común que diferencias.
Estas perspectivas recorren un amplio espectro, entre concebir a Cultura como un
área vinculada a Turismo y Deporte, como una de las políticas de desarrollo humano y
social, e incluso relacionarla con el desarrollo productivo y económico, la innovación o
la educación.
Esta región que se tomó como ejemplo dispone de un valioso repertorio de servicios
culturales: teatros, museos, espacios expositivos, casas de autor y centros culturales,
bibliotecas, anfiteatros y sitios patrimoniales. Es un enclave territorial de frontera
estratégico y una de las regiones con mayor atracción turística nacional, así como el mayor
polo de oferta de enseñanza terciaria y universitaria en el interior, lo que genera
una amplia circulación de públicos.
No obstante, el ritmo de crecimiento de este enclave litoraleño está notoriamente
por debajo del que tiene la región sur, y más aun del que esta proyecta. Hay una relación
asimétrica que se irá acentuando, donde al río Negro le cabe más que nunca la metáfora
de grieta norte-sur.
Del lado de los que piensan que la cultura puede actuar como una palanca de desarrollo
integral, o al menos que no puede quedar al margen en una estrategia de desarrollo
regional, ¿es posible concebir, dentro de un marco de institucionalidad, la ausencia
de un enclave físico de gobernanza cultural del gobierno nacional en esta región, así
como la ausencia de un espacio de coordinación regional de los gobiernos locales?
Como señalaban Pascual i Ruiz y Dragojević, «Implementar nuevas políticas culturales
para la ciudadanía necesita una innovación institucional; en otras palabras, una
nueva arquitectura de la política» (2007, p. 35).
Departamental, preveía mantener Cultura como departamento dentro del organigrama de la Intendencia.
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Una agenda a renovar
Como se expresaba al principio, actores de la oposición hablan de un agotamiento de la
agenda política del Gobierno nacional, a lo cual se suman algunos analistas políticos que
con otro tono coinciden en la necesidad de actualizar dicha agenda.
Creemos que en esa nueva o renovada agenda de gobierno la cultura tiene un papel
clave. En parte porque la mejora en promedio del ingreso de los uruguayos, el aumento
de su capacidad de consumo y el exponencial crecimiento del flujo turístico hacen
un terreno fértil para el desenvolvimiento de un conjunto de acciones culturales. Pero
también porque el desarrollo cultural por sí mismo promueve el fortalecimiento del entramado
social y los procesos de inclusión, mejora las prácticas de convivencia y, sobre
todo, eleva la calidad de vida de los ciudadanos.
No faltan propuestas innovadoras en este escenario de realidad interpelada, solo
que en algunos casos vienen avanzando tímidamente, como experiencias exploratorias.
En este sentido, en los diversos ámbitos del Gobierno nacional y asociados a gobiernos
departamentales y municipales, dos programas podrían catalogarse como portadores de
futuro en el aporte de la cultura a la nueva agenda de gobierno. Son programas que no
buscan innovar simplemente por buscar lo nuevo, sino por promover la transformación
social.
Se trata de las Agendas Municipales de Cultura (AMC), del programa Uruguay Integra
de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP), y el Sistema de Circulación Cultural (SCC), de la Dirección
Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura junto con la Red de Directores
de Cultura de las intendencias del país.
Ambas se caracterizan por una concepción integralista; es decir, escapan al común
denominador de la mayoría de las políticas de impronta focalizada, que en general tienen
un solo punto de mira: o apoyan infraestructura cultural, o promueven la creación
o la producción artística, o el rescate y la puesta en valor de las tradiciones, o apoyan
procesos formativos, el impacto en las audiencias, etcétera.
Los dos programas referidos aúnan diferentes líneas de acción, tales como formación,
mejoramiento de infraestructura, promoción de contenidos culturales, aportes a
la financiación, alcance y apropiación ciudadana. Otro aspecto en común es la horizontalidad
el tender a entramar redes. El planteo de trabajo tiene un enfoque asociativo y
colaborativo, con una lógica participativa, de cooperación y complementariedad.
Las AMC se implementan mediante un diseño participativo en cada municipio o entre
municipios asociados. Reciben apoyo para establecer capacidades locales propias
mediante acciones de capacitación y se les brinda financiación para desarrollar parcial
o totalmente la propuesta de agenda cultural.
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El SCC también comienza con la asociación entre la DNC del MEC y las intendencias y
los municipios participantes, que confeccionan una programación regional compartida
y complementan esfuerzos para solventarla, proyectan un mapeo en la infraestructura
cultural dispuesta en cada lugar y relevan necesidades en equipamiento y capacitación
técnica, a lo que se integra una línea de formación de públicos y en gestión cultural.
Las experiencias transitadas son en cierto modo piloto y seguramente queden muchos
elementos por ajustar. No obstante, en un paisaje neutro que comienza a inquietar
a diversos actores sociales, los programas referidos bien pueden ser una muestra de que
la cultura es un componente clave en una eventual renovación de la agenda de gobierno
de izquierda.
Referencias