Las Muchachas de Abril

Laura Raggio, Silvia Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22, fueron acribilladas por las Fuerzas Conjuntas del gobierno de facto en 1974 y pasaron a ser conocidas como las «pibas o muchachas de abril».

Los vecinos lo describieron como una ráfaga de balas.

En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay, que incluía a efectivos del ejército y la policía, abrió fuego en un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental, una zona residencial cerca del centro de Montevideo.

En el interior había tres mujeres: la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología —Maidanik además, maestra jardinera—, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir.

Las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años ’60, en la que —según sus familiares— se dedicaban a tareas como repartir volantes y «no habían agarrado un arma».

Abran, abran que tiramos», recuerdan haber oído los vecinos, a eso de las tres de la mañana.

Lo que siguió fue una balacera ensordecedora, con más de 200 proyectiles disparados en el interior de la residencia.

Luego, los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos, según descubrirían más tarde sus familiares.

Se cree que el operativo tenía como objetivo detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLN-T, quien había logrado huir a Argentina (donde luego sería detenido, en 1974, y aún permanece desaparecido).

Reyes esperaba al primer hijo de ambos cuando fue acribillada.

La matanza de las tres jóvenes, que pasaron a ser conocidas como las «muchachas de abril» o las «pibas de abril» fue una de las más cruentas ocurridas durante el último régimen cívico-militar uruguayo, instaurado tras un golpe de Estado el 27 de junio de 1973, hace 48 años.

Pero aunque ha pasado casi medio siglo y Uruguay ya lleva más de 36 años de democracia —incluyendo tres gobiernos de izquierda, uno liderado por el exlíder guerrillero tupamaro José «Pepe» Mujica— estas muertes siguen impunes.

La búsqueda de Justicia

Recién este año, en febrero pasado, se pidió el procesamiento de tres militares retirados acusados de la matanza: Juan Rebollo, José Gavazzo (que falleció este sábado 26 de junio) y Eduardo Klastornick.

Los tres declararon que abrieron fuego solo después de haber sido atacados desde el interior de la vivienda.

Rebollo, quien estaba al mando del operativo, sufrió una herida de bala en un brazo y el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido.

Pero el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, considera que «la versión proporcionada por los indagados no concuerda con lo informado por los peritos, ni con el testimonio de los vecinos».

Según estos últimos, cuando los primeros efectivos entraron a la casa, luego de romper la puerta de entrada y acceder a un patio abierto, fueron recibidos por disparos que provenían de otros efectivos militares apostados en las azoteas que daban al fondo de la propiedad, quienes, al ver entrar gente, pensaron que era Barrios y abrieron fuego.

«Más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna», señaló en su pedido de procesamiento Perciballe.

Corte Interamericana

Cansados por la lenta respuesta que ha tenido la Justicia uruguaya, los familiares de las víctimas han acudido a otro órgano judicial fuera de ese país: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El pasado 16 y 17 de junio, el tribunal autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó audiencias para analizar las «presuntas ejecuciones extrajudiciales« de las «muchachas de abril».

El órgano también recogió testimonios relacionados con otros dos crímenes del último gobierno cívico-militar uruguayo: las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu.

No es la primera vez que este organismo investiga los abusos cometidos durante este oscuro período de la historia reciente uruguaya.