Entre 2015 y 2022, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) autorizó la cobertura financiera de 5.015 procedimientos de reproducción humana asistida de alta complejidad, según informó el organismo. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, recordó que en 2022 el Parlamento aprobó una ley para que pacientes oncológicos puedan acceder a métodos de preservación de la fertilidad.
Satdjian encabezó el lanzamiento de la quinta edición de la Semana de la Fertilidad en Uruguay, que se desarrollará desde el 5 hasta el 9 de junio, acompañado por la directora general del FNR, María Ana Porcelli, y la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, Virginia Chaquiriand.
En la oportunidad, Porcelli indicó que en el período 2015-2022 fueron autorizadas 5.015 solicitudes de financiación de tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, de los cuales 624 correspondieron al año pasado.
Del volumen total, 51,5% provinieron de Montevideo y 48,5% del interior del país. Además, 6,4 de cada 1.000 mujeres en edad reproductiva hicieron uso de las técnicas; la frecuencia fue mayor en Montevideo: 7,81 de cada 1.000. El 84% de las pacientes procedieron del sector privado y 16% del público. La media de edad en ese período fue de 36,3 años y de 36,1 en 2022. El total de estos partos entre 2015 y 2022 fue de 1.799.
Satdjian citó estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que indican que la infertilidad afecta a 48 millones de parejas en todo el mundo. Asimismo, recordó que en nuestro país en 2013 se promulgó la ley de reproducción humana asistida, en 2014 se comenzó a trabajar en la cobertura de la de baja complejidad y en 2015 en la de alta complejidad, en la órbita del FNR.
También mencionó que en 2022 el Parlamento aprobó una norma para que pacientes oncológicos puedan acceder a métodos de conservación de la fertilidad. “Preserva el derecho a ser madre y padre”, expresó. El subsecretario reconoció el trabajo de los equipos de salud en esta temática y consideró que el desafío es incrementar el número de solicitudes provenientes del interior del país y de los prestadores públicos.