En relación a 2019 en lo que va del actual gobierno se crearon 76.000 puestos de trabajo, recuperándose con creces los que se perdieron en el último gobierno del Frente Amplio. La inflación en marzo de este año fue de 3,8%, el menor valor en 18 años, lo que representa un descenso importante que favorece a trabajadores, jubilados y pensionistas”, destaca la introducción al programa presentado este jueves, que recuerda que la inflación en 2019 fue del 8,8%.
En relación a los logros del actual gobierno, se destaca que “el buen manejo de las cuentas públicas también ha permitido por primera vez en muchos años bajar impuestos a trabajadores, jubilados y las micro y pequeñas empresas, revirtiendo la tendencia de los gobiernos anteriores”. Además, “por primera vez en mucho tiempo se han logrado reducir los índices de los principales delitos que afectan a la población como hurtos y rapiñas y, en menor medida, los homicidios”.
Por otra parte, se destaca que “la gran inversión en infraestructura ha sido otro rasgo distintivo del actual gobierno, lo que se verifica en la inversión en vialidad, puentes, puertos, aeropuertos, edificios para hospitales, escuelas y liceos, así como viviendas, entre los más destacados”. También se pondera como “otro hito” del gobierno “la transformación educativa”.
“La trampa del ingreso medio”
“Nuestra visión es que podemos ser el primer país desarrollado de América Latina, no hay ninguna razón por la cual debemos conformarnos con menos. Ese salto al desarrollo implica afirmarse en las fortalezas históricas de nuestras instituciones políticas para abordar las reformas relevantes que nuestras instituciones económicas y sociales aún requieren. Nuestro país está a mitad de camino: tenemos una calidad democrática y una estabilidad institucional asimilable a la de un país desarrollado, pero indicadores económicos y sociales que nos separa por mucho de ese horizonte. Además de explicitar la voluntad de alcanzar la meta, es imprescindible señalar cuál es el camino para acercarnos a esa aspiración de ser un país desarrollado. En concreto ser desarrollados implicaría al menos tener un nivel de riqueza 30% mayor, reducir a la cuarta parte la pobreza infantil, universalizar la educación secundaria y generalizar la terciaria, y reducir a la mitad las rapiñas y homicidios. Pero también somos conscientes de que no es una tarea de un gobierno, se trata de sostener una ambiciosa agenda de reformas durante varios lustros. Es por eso que además nos proponemos ser el país más desarrollado de América Latina al final del próximo quinquenio”, plantea el programa.
En este camino, resulta clave, según sus impulsores, “dejar atrás” la “trampa del ingreso medio”, que se describe como “las dificultades que encuentra un país que no es suficientemente barato para captar las inversiones que reciben los países más pobres, ni tiene una economía con factores productivos suficientemente sofisticados para recibir las inversiones que llegan a los países más ricos”.La forma de superar esta ‘trampa’ mejorando la calidad de vida de la población no es abaratándose sino mejorando la productividad, para poder sustentar el mayor pago por los distintos recursos, incluyendo, naturalmente, el trabajo de los uruguayos. De esta forma puede desatarse un círculo virtuoso de mayores inversiones, mayor crecimiento, más empleo y mejores salarios”, agrega el documento de 170 páginas que presenta siete ejes de transformaciones: “un salto de competitividad”, “un Uruguay más global”, “un salto de infraestructura”, “un salto de bienestar”, “un salto de convivencia”, “el conocimiento, la innovación y la cultura como ejes de desarrollo” y “un Estado más simple para las personas.
Seguridad
En materia de derechos humanos, el programa se compromete “con la búsqueda de la verdad para las personas desaparecidas” y “a cumplir con los estándares más rigurosos del sistema internacional de derechos humanos”.
Además, propone “actualización de normas penales y procesales que impacten contra el crimen organizado y el narcotráfico”, como “crear un delito específico por la integración a un grupo criminal cuyo objetivo sea el narcotráfico como hizo Italia con la mafia y algunos Estados de Estados Unidos contra las pandillas”. En ese sentido, lo justifica: “Si bien nuestro Derecho contempla la figura de la asociación para delinquir se considera necesaria esta figura nueva y autónoma”.
A su vez, propone “modificar el Decreto Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974 agravando la pena según la cantidad de sustancias prohibidas incautadas”.
“Continuar la lucha contra el narcomenudeo, aplicando el modelo de tapiar que ha llevado adelante principalmente la Jefatura de Montevideo a través de la Brigada Departamental Antidrogas. La posibilidad de contar con allanamientos nocturnos que se plebiscitará en la próxima elección, ayudaría de manera significativa a mejorar aún más los resultados contra el microtráfico”, expresa el programa, que también propone la “creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, el que “permitirá concentrar la relación que la Fiscalía General de la Nación hoy tiene con el Poder Ejecutivo”. Por otra parte, “el Instituto Nacional de Rehabilitación pasaría paulatinamente a depender de este nuevo Ministerio priorizando la tarea rehabilitadora y permitiendo al Ministerio del Interior concentrarse en las tareas de prevención y represión del delito”.