La fiscal Porteiro indaga al senador del Frente Amplio en el marco de la investigación sobre su gestión como director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, solicitó el martes de tarde el desafuero del senador del Frente Amplio, Charles Carrera, en el marco de la investigación sobre su gestión como director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.
La actuación de Carrera en Interior fue objeto de estudio parlamentario de una Comisión Investigadora en el Senado que concluyó que hubo hechos de apariencia delictiva durante su gestión y realizó la denuncia penal en Fiscalía.
El desafuero solicitado por la fiscal es para indagarlo por un presunto delito de abuso de funciones por haber dado la orden para atender a Víctor Hernández, un hombre que quedó paralítico tras ser baleado en 2012 en La Paloma y estuvo internado en el Hospital Policial durante 3 años y medio. Al Policial fue ingresado siendo civil con un cargo de suboficial y se le proporcionó un pago mensual de 20.000 pesos en tiques de alimentación de enero de 2013 a noviembre de 2016, provenientes de un fondo policialUna vez que reunió toda la evidencia necesaria, (la fiscal) envió al juzgado los antecedentes del caso para que este los eleve a la Corte y la Corte, de forma institucional, se comunique con el Parlamento para que este evalúe si existen elementos que permitan la formación de causa”, explicó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.
“En función de lo que resuelva el Parlamento, volverá a la Fiscalía para seguir o no adelante con esta investigación”, agregó Benech y aclaró que el desafuero es solo por la atención de Hernández. Sin embargo, Carrera es acusado de dar la orden de atender a otros civiles, pero esos casos no fueron objeto de la actual investigación, pero la fiscal no descarta investigarlos en el futuro.
Además, de Hernández, el propio Carrera y su entonces pareja se atendieron en el Policial el exministro del Interior, Eduardo Bonomi; su esposa, la diputada Susana Pereyra; una secretaria de Bonomi; y el entonces director de la Unidad de Comunicación (Unicom), Fernando Gil.
El Ministerio del Interior realizó la denuncia penal y cotizó cuánto gastó en cada caso en órdenes, medicamentos, internación y atención domiciliaria, e irá contra el patrimonio de quienes utilizaron los servicios hospitalarios.
Días atrás, se supo que la Justicia condenó a la secretaria de Bonomi a pagar un monto superior a los 100.000 pesos por los servicios que usó desde junio de 2018 hasta octubre del año 2019 en el Hospital Policial.