La rendición anual del Centro de Atención a las Víctimas del Delito (Cavid) revela que en 2024 esa institución concretó más de 7.400 intervenciones y brindó capacitaciones a unos 1.400 funcionarios policiales. También hubo una reducción de los delitos contra funcionarios policiales y fue creada una oficina de mediación laboral. La presentación del balance fue encabezada por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli.
El jerarca estuvo acompañado este miércoles 20 en la sede del Ministerio del Interior, por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra; y por la directora y subdirector de Cavid, Patricia Rodríguez y Nicolás Vivas, respectivamente.
Entre los datos del balance anual de Cavid presentados, destacan la baja de casi 32 % de los delitos contra funcionarios policiales, las 7.442 intervenciones realizadas por el centro y la capacitación a 1.398 funcionarios policiales. Además, la institución creó una oficina de mediación laboral, encargada de actuar frente a conflictos en el ámbito laboral, la cual, a tres meses de su implementación, recibió 33 consultas, detalló Rodríguez.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Ministerio del Interior con la salud mental de los funcionarios policiales, y explicó que, antes los casos atendidos por Cavid eran aquellos que surgían de forma voluntaria. En la actualidad el centro actúa en forma inmediata y obligatoria, ante una intervención compleja que puede derivar en la asistencia de un policía. “Eso es el verdadero sentido de la prevención”, indicó.
A su vez, las familias afectadas por la pérdida de un familiar durante un hecho delictivo, reciben acompañamiento. Los familiares de efectivos que no cuentan con sanidad policial disponen de atención en salud mental, gracias a un acuerdo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El centro también celebrará un acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), para la reconversión laboral de funcionarios dados de baja por incapacidad para la función, informó. Cavid tiene rango de dirección nacional y está integrada por un equipo multidisciplinario especializado en intervención en crisis. Su objetivo es la atención, capacitación, investigación y prevención de la violencia y el delito, en tres áreas de trabajo: psicológica, legal y social.