El Profesor José Buslón dijo que existe en el departamento una ausencia del estado a nivel general en lo que se refiere a los espacios públicos. No existe control ni fiscalización de parte del gobierno nacional y mucho menos del departamental que incluso ha manejado a discrecionalidad la entrega de algunos de ellos a particulares.
Buslón dijo que “me pasó en Parque Gabinito que la delimitación de una finca con tejido, el mismo va hasta cierta cantidad de metros dentro del agua en el lago. A partir de eso también fui a ingresar a la desembocadura del San Antonio, al lado de las cuevas, y alguien me detuvo cobrándome cien pesos el ingreso. A partir de ahí me explicó que hace tiempo se encontraba en el lugar con la potestad de delimitar el lugar, porque en un momento quedó sin trabajo y con el fin de cuidar el lugar se ubicó allí cobrando el ingreso a sabiendas que se trata de un lugar de interés histórico, patrimonial y arqueológico. Esto tiene varias denominaciones, para mi es privatización informal, porque es apropiarse de espacios públicos aduciendo una legalidad que no existe dejando en jaque a las instituciones que deben hacerse cargo de esto. Existe el código de agua que establece en el artículo 4 donde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene la potestad de vigilar y supervisar las aguas debiendo consultar quien pretenda cerrar esos lugares. Las cuevas son un patrimonio arqueológico, en la zona del Rowing también que se apropiaron una parte poniendo un cartel de propiedad privada. En ese lugar están los restos de la Cañonera 18 de Julio, el Zurubí que está encallado frente al Rowing por lo que puede uno interpretar que les pertenece y no debe ser así”.
Buslón agregó que esos lugares abiertos y públicos son potestad del estado, “el acceso a estos lugares lo debe determinar prefectura porque es su jurisdicción pero ya hemos visto que acá en Salto no hay una postura firme y general y está desconcertado sobre el particular. El Ministerio de Vivienda podría intervenir además en este tipo de situaciones. En algunos casos por la particularidad de las aguas podría operar la intendencia pero existe en la actualidad omisión de todas estas instituciones. El tema es como se sigue de aquí en más, lo que establece la normativa es que el estado podrá hacer sesar todos estos derechos y puede llevarlo al ámbito judicial. Esto puede habilitarlo cualquier personas con interés de hacer usufructo de esos lugares públicos. Incluso esto incluye zonas cercanas a las vías del tren que fueron cerradas. Son apropiaciones de dudosa legalidad porque se tratan de lugares de paseo, de pesca, y también está el cuidado de las aguas o del patrimonio. Lo hizo la intendencia con la bajada a embarcaciones en la desembocadura del San Antonio donde con esa bajada enterraron gran parte del patrimonio histórico de una zona muy importante para nosotros”.
