(Escribe Luis Bertiz). El aumento de la delincuencia es para unos es mera “sensación” y para otros es una realidad incontrastable. El asunto es bastante más complejo porque mientras las cifras oficiales se mantienen en secreto y se divulgan las que las autoridades desean, también es cierto que éstas no disponen de toda la verdad desde el momento mismo en que una gran parte de la población opta por no denunciar los delitos que sufre porque considera que no vale la pena hacerlo.
Y se argumentan dos razones fundamentales.
Una: que cuando la Policía eleva los antecedentes la Justicia, ésta a instancias de la legislación vigente, deja en libertad al presunto delincuente en cuestión de minutos.
La otra causa por la cual mucha gente opta por no formular ninguna denuncia es más preocupante: por miedo.
Miedo a lo que el común de la gente llama “entrar por una puerta y salir por la otra”, miedo a encontrarse el denunciante con el denunciado en los propios pasillos de los Juzgados, miedo a reencontrarse en el barrio con quien le robó o le rompió un bien para mencionar sólo dos ejemplos, y –lo que es más grave aún- por miedo a la represalia.
Miedo porque ante tantos ejemplos de “mano blanda” de una Justicia que, reitero, no hace otra cosa que cumplir con las Leyes dictadas por los legisladores, el ciudadano siente la desprotección y el desamparo de quienes deberían bregar por su seguridad y entonces opta (a mi modesto juicio, equivocadamente) por ceder terreno, por “dejarla pasar” y hasta por enrejarse y vivir como un preso dentro de su propia casa, mientras que los potenciales delincuentes disfrutan de la siempre querible y hermosa libertad…
El tema está en discusión desde hace meses. Los Partidos Políticos de la oposición dicen interpretar el sentir mayoritario de la gente y piden sanciones más severas. El gobierno ahora se manifiesta como “partidario” de estudiar el tema y la fuerza política del gobierno, el Frente Amplio, se mantiene en sus trece: no quiere aumentar las penas porque, argumenta, no disminuirá la cantidad de robos, rapiñas, asaltos, copamientos, violaciones y asesinatos…
Y mientras los políticos siguen sin ponerse de acuerdo, hay cosas que no deben pasar desapercibidas para el común de la gente.
Por un lado, me parece de una contundencia poco frecuente, que el mismísimo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, haya declarado que la inseguridad radica en el gran fracaso “del sistema de rehabilitación» de los delincuentes o, si se lo prefiere, de los que quebrantan las normas y consecuentemente irrumpen en el terreno de la ilegalidad.
Pérez Manrique dijo claramente que el infractor primario entra a un “círculo vicioso” que no logra recuperar a nadie, sino que, por el contrario, todo el mundo sabe que tantos los centros de rehabilitación para menores como para adultos son verdaderas “escuelitas” de perfeccionamiento en la incipiente carrera delictiva a la que se ingresó y de la que, difícilmente, se pueda salir.
A esta altura debo confesar que, personalmente, soy partidario de que se aumenten las penas. Y no por una cuestión política, sino de sentido común: la “preocupación” debe ser de los otros, no de la inmensa mayoría de la población que cumple con las normas y vive dentro de la Ley…
Pero a las famosas “escuelitas” hay que erradicarlas y sin contemplaciones. El circuito “trasmisor del conocimiento” delictivo hay que cortarlo cueste lo que cueste, porque además, el “profesor” podrá “dictar cátedra” estando preso, pero también en su calidad de “egresado” estando en libertad.
Tenemos y sufrimos como sociedad una realidad y hay que actuar. Para ello es imperioso como primera medida, abandonar el campo de la retórica, de la teoría y del conocimiento más especulativo que real. No se puede perder más tiempo.
Nada para corregir…impecable Luis !!! Abrazo !!!