119 embarazos infantiles en Uruguay entre 2021 y 2023

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Violencia, desprotección y vulneración de derechos»: los ñ detrás de los 119 embarazos infantiles que hubo en Uruguay entre 2021 y 2023

El 49% de las niñas que transitan estos embarazos tienen antecedentes de violencias, el 28% sufre patologías orgánicas y el 27% patologías de salud mental, además el 24% de ellas estaban bajo protección del Estado.

Entre marzo de 2021 y abril de este año se notificaron 119 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años en Uruguay y al menos la mitad de ellos fueron producto de abusos sexuales, según la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). «En principio, lo que hemos visualizado es que esta es una realidad dispersa en el territorio que si bien son pocos casos son altamente complejos y que la información nos ha permitido tomar mejores decisiones y articular mejores respuestas para estas niñas», dijo a Telemundo Mónica Gorgoroso, referente de salud sexual y reproductiva de ASSE.

Gorgoroso afirmó que estos embarazos se inscriben dentro de «trayectorias vitales signadas por la violencia, la desprotección y la vulneración de derechos». En este sentido, los datos son alarmantes: el 49% de las niñas que transitan estos embarazos tiene antecedentes de violencias, el 28% sufre patologías orgánicas y el 27% patologías de salud mental, además el 24% de ellas estaba bajo protección del Estado.

«Estos embarazos no son un embarazo más ni son similares a los que se producen en otras adolescentes o en mujeres adultas. Son embarazos de alta complejidad para estas niñas», subrayó. «Los progenitores de estos embarazos o perpetradores de la violencia que determina estos embarazos van en un rango etario tan amplio como desde los 14 años hasta más de 70 años», denunció.

En esta línea, Gorgoroso recalcó: «Hay situaciones donde claramente el vínculo establecido con la niña es abusivo. No solo porque la niña no tiene edad para consentir, eso lo dice nuestra ley -por debajo de 13 años un vínculo sexual se considera abuso-, sino porque la diferencia de edades entre estas niñas y los progenitores de los embarazos las expone a relaciones totalmente inequitativas de poder».

La experta reafirmó que las niñas «no están tomando decisiones, más allá de que en lo explícito puedan comentar que la relación sexual que tuvieron fue consentida». Otro de los datos que arroja el estudio es que solo una de cada cuatro niñas interrumpe su embarazo. O en otras palabras, tres de cada cuatro lo van a continuar, y el recién nacido producto de este embarazo «vuelve a esa realidad tan difícil», denunció.

«Profundizar en estos casos nos ha permitido ver que el 85% de las niñas que continúan el embarazo -prácticamente todas- van a tener alguna complicación durante el embarazo, el parto, la cesárea o el puerperio. Y muchas veces son complicaciones graves, que las exponen, por ejemplo, a una internación en un centro de cuidados intensivos», remarcó.

«Todas las patologías que otras mujeres adultas pueden tener durante el embarazo, la preeclampsia, la diabetes, la anemia, la infección urinaria, está sobrerrepresentada en estas niñas y determina para su vida física tanto riesgo como para su vida mental», agregó.

Gorgoroso reafirmó que con los equipos de salud han trabajado mucho en lo que llaman «niña en situación de embarazo». En esta línea, dijo: «Cuando el embarazo ocurre todos sentimos que hemos llegado tarde».

«La violencia que subyace a estos embarazos estaba presente desde mucho antes en la historia de esta niña y la vulneración de otros tantos derechos, como el derecho a la educación, a la alimentación, a la seguridad, a la vivienda, al cuidado», añadió.

La experta reclamó: «Debemos estar mucho más atentos». En esta línea, manifestó que han observado determinadas características de estas niñas vinculadas muchas a las dificultades que tienen estas familias para el cuidado que las expone a violencia sexual y al embarazo.

«Debemos estar mucho más atentos para pesquisar estas situaciones y trabajar mucho más en conjunto con otras instituciones del Estado porque este tema si bien involucra a salud nos excede largamente y debemos estar articulando permanentemente con la matriz de protección del resto del Estado uruguayo», consideró.

Por otro lado, enumeró ciertas líneas claras que se deben seguir en estos casos. En primer lugar, la priorización de estas niñas, que «no pueden esperar». En segundo lugar, el diagnóstico del embarazo, su confirmación y cuál es la edad gestacional son prioridad. «Debe hacerse en el servicio que la reciba», detalló.

«Valorar el riesgo: ¿en qué contexto está esta niña?, ¿puede volver de la consulta donde se diagnosticó el embarazo a su hogar?, ¿hay un adulto referente protector que puede acompañarla? Porque no podemos esperar que la niña se cuide a sí misma», remarcó.

«A veces esas decisiones se vinculan con un ingreso hospitalario, por ejemplo, para poder pensar la situación, aportar más información, acompañar a la niña a desenmarañar esa situación de violencia de la cual no son conscientes. Porque lo otro es que estas niñas no se perciben así como víctimas de violenci

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