A menos de una semana para que llegueel cambio de gobierno, es el momento del balance final. Y siempre es difícil medir el grado de cumplimiento de lo prometido por una administración que se va pero un camino posible es evaluar las medidas que quedaron por escrito antes del inicio del gobierno. El presidente Luis Lacalle Pou presentó en noviembre de 2019 el Compromiso por el país, firmado entonces por los líderes del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.
Allí hay un conjunto de promesas, algunas más concretas que otras, que se supone se llevarían adelante.
Hace un año, El País evaluó 110 medidas. Esta vez, y ya con los cinco años cumplidos, evaluamos 140 anuncios en ocho áreas de la plataforma electoral de la coalición: economía, seguridad, educación, inserción internacional, transparencia, trabajo, políticas sociales, y un grupo variado de otras temáticas.Luego de un proceso de depuración, se categorizó cada medida según cuatro grados de concreción: “cumplido”, “cumplimiento parcial”, “discutible” (cuando es inviable llegar a una conclusión clara, los avances son simplemente declarativos, son muy limitados o están sujetos a interpretación) e “incumplido”. La evaluación se concentró en el grado de cumplimiento de las medidas —es decir, el plano instrumental— y no tanto sus resultados. De las 140 medidas, 40 son calificadas como cumplidas (29%), 58 tuvieron cumplimiento parcial (41%), en 22 casos el nivel cumplimiento es discutible (16%) y otras 20 fueron incumplidas (14%). Entre medidas cumplidas total o parcialmente se llega a un 70% del total.Balance del Compromiso por el país: ¿cuántas medidas se cumplieron?
El País analizó las medidas anunciadas en ocho ejes temáticos.
Compromiso por el país: economía
La economía, desde la salud de las cuentas públicas hasta el bolsillo de los ciudadanos, es un eje central de todo programa de gobierno. Divididas en tres capítulos (cuentas nacionales, empresas públicas y desarrollo productivo), las medidas económicas son las que abarcan una mayor parte del Compromiso, y de las categorías aquí analizadas.
En total, de las 32 medidas vinculadas a los capítulos económicos, 69% tuvo un grado de cumplimiento total o parcial, con siete de ellas (22%) valoradas como “cumplidas” y quince (47%) como “cumplidas parcialmente”
Balance final en Economía: ¿cuáles puntos se cumplieron y cuáles no?
Cinco años después, El País revisó las medidas planteadas en el Compromiso por el país.Balance final en Economía: ¿cuáles puntos se cumplieron y cuáles no? Entre las cumplidas está el diseño y puesta en funcionamiento de una Regla Fiscal de Balance Estructural —más allá de las opiniones sobre posibles “perforaciones”—, el avance en la competencia en sectores como telecomunicaciones y energía eléctrica, la elaboración de un programa de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria y la modificación de la ley de Inclusión Financiera.
Por el lado de las que se cumplieron parcialmente, una novedad respecto a un año atrás es la “disminución del déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio”. Al cierre del mandato completo, se destaca que hubo una disminución del déficit y un cumplimiento del celo por la salud de las cuentas públicas, pero la reducción quedó lejos de lo esperado y la situación fiscal empeoró en el tramo final del gobierno. Esta semana, de hecho, el Consejo Fiscal Asesor cuestionó el apartamiento de los tres pilares de la regla fiscal durante 2024.También se consideran cumplidas parcialmente medidas como “la modificación del régimen de PPP con el fin de reducir plazos legales” —en ese plano se optó más que nada por recurrir a otra modalidad de contratos, los denominados “Cremaf”— o la realización de auditorías de gestión para identificar eventuales irregularidades —cuyo alcance fue bastante menor al sugerido por los socios del gobierno. En la misma categoría se ubican los compromisos de “aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público sin afectar prestaciones en el área social”, bajo el entendido de que el ahorro no fue todo lo que se pretendía —incluso hubo proyectos clave que fracasaron, como la búsqueda de socios privados para la producción de portland— y que en algunos casos abarcó ciertas prestaciones. Lo mismo puede decirse de la promesa de “utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de las tarifas
Respecto a la fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras, se entiende que existió un avance parcial con las evaluaciones mensuales de la Ursea, pero el cumplimiento es limitado ya que el Poder Ejecutivo continuó haciendo un uso discrecional del manejo de las tarifas, sobre todo para evitar aumentos bruscos o inconvenientes políticamente.
Más discutible fue el avance en otros seis puntos. Por ejemplo, si bien hubo una reducción en la cantidad de adscriptos contratados por los ministerios, no existe medición disponible para ratificar que la cantidad de asesores en el Estado tuvo una caída, mucho menos afirmar que se mantuvieron —como fue prometido— “solo los imprescindibles”. También se estuvo lejos de cumplir de manera sistemática con el compromiso de promover la designación de directorios profesionales en las empresas públicas, que en una mayoría de casos fueron completados por cuota política. Otro compromiso discutible es el de avanzar hacia un presupuesto basado en resultados con una lógica de “base cero”. Si bien el diseño del presupuesto siguió una filosofía no incremental, técnicamente es más discutible que se haya pasado a un presupuesto por resultados.En cuanto a las medidas incumplidas, se incluyen la reducción de la flota vehicular del Estado —que contabilizaban 16.155 en 2019 y al cierre de 2024 superaban los 18.900— o la reducción de los cargos de particular confianza. Al terminar 2022 (último dato disponible), había 710 cargos de ese tipo en el Estado, según Servicio Civil, un aumento de 4% respecto a los 683 que había en 2019. Eso si se toma en cuenta los vínculos del escalafón Q, que son los de “particular confianza”, más allá de que una acepción más amplia del término podría incluir otro tipo de asesores.
Otro compromiso sin avances es ir hacia “la eliminación de los impuestos ciegos”, aquellos que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad. Si bien tantola ministra de Economía Azucena Arbeleche como el ministro de Ganadería Fernando Mattos han señalado su voluntad de avanzar en esa línea, todavía es un desafío pendiente. El cuarto incumplimiento es el de “aplicar a las empresas públicas las mejores prácticas de gobierno corporativo”. Esa transformación, que implicaría alinearse con los estándares internacionales de gestión, quedó relegada en el actual período de gobierno.Compromiso por el país: seguridad
De todas las áreas, seguridad se destaca por un buen índice de cumplimiento. La mitad de las 22 medidas se implementaron y otras seis —que representan el 27,3%— tienen un cumplimiento parcial. En cambio, se incumplió con la declaración formal de la emergencia nacional en seguridad pública. Al respecto, un tiempo atrás Lacalle Pou había argumentado que la declaración se había concretado “de hecho” en las acciones y en los resultados obtenidos. Tampoco se creó un Servicio Penitenciario Nacional, cuya misión sería elaborar y ejecutar la política penitenciaria, funcionando de forma descentralizada del Ministerio del Interior, asumiendo la tarea que todavía está asignada al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Según recogió El País, esta iniciativa hubiera sido clave para ganar autonomía y capacidad a la hora de plantear y gestionar el presupuesto y así fortalecer las intervenciones.atribuyéndole el logro en buena medida “al respaldo moral y político que se le dio a la Policía”.
Según el ministro, la descentralización fue clave para estos resultados, lo que implicó cumplir con el despliegue a nivel nacional de la Guardia Republicana —que antes tenía una base única en Montevideo— y reabrir más de 200 unidades que habían sido desmanteladas, como comisarías barriales, destacamentos y quioscos policiales en todo el país.sumar a estos. En cambio, la parte cumplida incluye una renovación del equipamiento.
Un punto neurálgico de la política de seguridad fue el combate al narcotráfico, que sí fue frontal en la acción sobre las bocas como se había estipulado, pero generó matices en el ámbito judicial en su efectividad y algunos incluso lo relacionan con un incremento de los homicidios en ciertos momentos del quinquenio. En tanto, la incorporación de flota vehicular, náutica y la colocación de tres escáneres a fines del año pasado en el puerto de Montevideo refuerza el cumplimiento, aunque tiene el contrapeso de la falta de controles que todavía hay en más de la mitad de las rutas y en puntos de acceso, señalados como los sitios donde se acopia y se mueve la droga.
Hubo avances en el fortalecimiento del vínculo y coordinación entre Policía, Fiscalía y Justicia Penal al crear grupos especiales de trabajo con las fiscalías de homicidios, por ejemplo. Pero no se cumplió con la reestructuración de la fiscalía, otorgándole un presupuesto ínfimo al solicitado, menos cargos y sedes de los indicados como necesarios y, sobre todo, al postergar el nombramiento del fiscal de Corte.
Del lado jurídico, se cumplió con la conservación de los antecedentes judiciales de los menores que cometen delitos gravísimos y con la modificación del sistema de libertades vigiladas, que mediante la LUC limitó su aplicación y derogó instrumentos que en ciertos casos permitía el cumplimiento de la condena fuera de la cárcel. Esto, en combinación con el recrudecimiento de las penas para algunos delitos, explicaría en buena medida el incremento de los presos.
En cuanto a las cárceles, sí se construyeron unidades de pequeño tamaño —en Artigas, Tacuarembó y Rivera—, pero es discutible si se saldó el compromiso de crear una cárcel de máxima seguridad para detenidos muy peligrosos y relevantes en el mercado narco puesto que lo que se hizo fue reabrir el módulo 12 de la exComcar “con buenas condiciones de control”, según confirmó El País.
Luego, hubo avances en la implementación de nuevos programas de formación laboral —junto a Inefop— y socioeducativos, pero todavía está en vías de instaurarse un módulo para personas con adicción financiado por el BID.
El combate a la violencia de género se cumplió parcialmente. Del lado positivo, se puede considerar un incremento de los esfuerzos del Estado el 20% de aumento en el presupuesto a Inmujeres, la compra de tobilleras duplicando su número, la creación de un nuevo refugio y la reforma edilicia de unos 15 juzgados especializados, sumándose a la creación de tres juzgados multimateria como estipula la polémica ley.
Compromiso por el país: educación
Ironías de la vida, la reforma educativa de la administración de Lacalle Pou la terminará de implementar este año el gobierno del Frente Amplio, con la incorporación de los cambios en segundo y tercero de bachillerato, es decir el viejo quinto y sexto de liceo.
De hecho, una de las cinco medidas con cumplimiento total en el capítulo educativo es la reforma curricular de la educación desde los 3 hasta los 18 años, basada en la formación por competencias. La famosa transformación educativa será aplicada por las nuevas autoridades, aunque más adelante pueda haber revisiones sobre todo en el tema de las competencias, según ha adelantado el futuro presidente del Codicen Pablo Caggiani.
El 36,8% de los anuncios tuvieron cumplimiento total y el 31,6% parcial. En el primer grupo también está el plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país, “en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP”: este año se llegará a los 60 centros María Espínola, donde los liceales están a tiempo completo, tienen tres comidas y hay un equipo de asistentes sociales y psicólogos. Los sindicatos y el Frente Amplio argumentan que detrás del “rebautismo” en muchos casos hubo solo un lavado de cara de centros ya existentes (“los viejos liceos de tiempo extendido y tiempo completo más algunos pequeños en localidades rurales”, dice Fenapes).
También está cumplida la idea de fortalecer el rol del Codicen, incorporando los directores generales de los subsistemas, y eliminando los consejeros en representación de docentes en esos subsistemas. Aquí, todo indica, también habrá cambios, porque Caggiani ha adelantado que hay intención de “recomponer los espacios de participación” y volver a los consejos con participación docente en Primaria, Secundaria y UTU.
En la misma categoría, el desarrollo de la UTEC también está cumplido. En este quinquenio la universidad, creada durante el gobierno de José Mujica, pasó de 18 a 31 ofertas educativas y también aumentó la cantidad de estudiantes, de 2.157 a 3.497.
Entre los incumplimientos, sigue estando el fortalecimiento de las asambleas Técnico Docentes como “ámbitos de reflexión y propuesta educativa” y la integración de las familias al proceso educativo. Ambas cosas no sucedieron.
Compromiso por el país: inserción internacional
En política internacional, el gobierno llegó con un gran impulso para renovar las relaciones internacionales, lograr nuevos acuerdos comerciales y tomar una postura más contundente respecto de los abusos en países como Venezuela o Cuba.
El balance en la materia es agridulce para el oficialismo: si bien en los papeles se trata de un capítulo sin “incumplimientos”, el diagnóstico compartido es que los avances estuvieron lejos de tener la dimensión que se esperaba.
Entre los compromisos cumplidos, el único destacado es el que planteaba “realinear” la política exterior “con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho”. Durante la campaña uno de los principales reproches que la coalición hacía al Frente Amplio era su falta de consenso interno para decir que los gobiernos de Venezuela y Cuba son dictaduras.
Los otros tres que se calificaron con la mejor de las notas son compromisos de segundo o tercer orden, que tampoco marcaban un giro respecto a gestiones anteriores: la presencia activa en todos los ámbitos de negociación multilateral, el estímulo al comercio electrónico y el desarrollo de la diplomacia cultural.
La mayoría de las promesas alcanzaron cumplimiento parcial, con heterogeneidad en el grado de avance.
Por ejemplo, un compromiso central fue el de “trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales” y la necesidad de transformarlo en un bloque “moderno, ágil y flexible”. Aunque está claro que el gobierno, con Lacalle Pou como principal articulador, insistió en esa línea en cada oportunidad que tuvo, las aspiraciones estuvieron lejos de concretarse y el Mercosur no tuvo cambios significativos.
Uruguay logró avanzar por su cuenta en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero ese avance, si bien llegó más lejos que anteriores intentos, terminó también estancado ante resistencias tanto de Argentina como de Brasil. Respecto a la búsqueda de una “flexibilización” del Mercosur, Lacalle inició su mandato con cierta afinidad de parte de Jair Bolsonaro en Brasil —y su ministro de Economía Paulo Guedes— y la resistencia frontal de Alberto Fernández en Argentina. En la segunda parte de su mandato, las coincidencias en esa agenda estuvieron más del lado de Javier Milei en Argentina, y las resistencias por parte de Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva.
En esa línea, otro compromiso de cumplimiento parcial es el de “impulsar nuevos acuerdos comerciales”, en especial con los países del sudeste y el sur de Asia. Por fuera del Mercosur, Uruguay buscó avanzar hacia un posible TLC con Turquía en 2021, pero las negociaciones quedaron detenidas. En conjunto con el bloque regional se continuó impulsando un acuerdo comercial con Corea del Sur y se concretó un TLC con Singapur. Por último, también se llegó a un acuerdo con la Unión Europea, que deberá ser refrendado por los países de ese continente.
En paralelo, Uruguay presentó su solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por su sigla en inglés). Ese bloque empezó a evaluar primero el ingreso de Costa Rica y Uruguay sería el siguiente en la lista de análisis.
En una misma categoría entran otras promesas, desde el “desarrollo de una política de fronteras que responda a desequilibrios de corto y mediano plazo” hasta la reorientación y “transformación” del servicio exterior en “una gran fuerza comercial”, impulsando “una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos”. Si bien se avanzó en la diversificación y mejora de condiciones de ingreso a distintos mercados, el rediseño de la cancillería quedó relegado.
Compromiso por el país: políticas sociales
El de las políticas sociales era otro capítulo en el que el gobierno de coalición llegaba con grandes expectativas y un diagnóstico tajante: el sistema de protección diseñado por el Frente Amplio a partir de 2005 estaba agotado.
Con pocos incumplimientos pero muchos cumplimientos parciales —también condicionados, es cierto, por el impacto de la pandemia—, el gobierno se retira con el aprendizaje de que los cambios eran más difíciles de lo pensado y que incluso allí donde sí pudieron avanzar, las recetas no necesariamente eran las indicadas o suficientes para combatir la marginalidad.
El primer punto que se proponía el gobierno de Lacalle Pou para proteger a los más débiles era incrementar la efectividad y reducir la burocracia del Mides “descentralizando la ejecución de programas sociales”. En este sentido hubo avances, porque se hicieron reestructuras en el organigrama del ministerio, pero la reducción de la burocracia y la discrecionalidad son aspectos que también entran en la categoría de lo discutible. También se propuso el gobierno “dar prioridad a la primera infancia” y “asegurar una atención integral” a los niños de esa edad. El grado de cumplimiento de ese punto resulta algo ambiguo, porque durante los últimos cinco años no mejoraron las cifras de pobreza infantil, pero a la vez es cierto que se le dio más recursos a las áreas de primera infancia, con el establecimiento del Bono Crianza, que incluyó la partida de 50 millones de dólares anuales para atender esa franja etaria.
Otras medidas de cumplimiento parcial fueron el desarrollo de una política activa de regularización de asentamientos, las vinculadas a las políticas de discapacidad, o el fortalecimiento de las políticas de adicciones.
Lo que puede darse por cumplido es el compromiso de revisar y rediseñar los mecanismos de adopción para acelerar los procesos —algo que se implementó a través de la LUC— así como la mejora en la eficacia de las asignaciones familiares y otras transferencias monetarias: en ese terreno hubo cambios en las formas de acceder a la prestación, se eliminaron límites que funcionaban como incentivos para no insertarse en el mercado formal y se incrementaron los montos para paliar con las consecuencias de la crisis, más allá de debates sobre si fue suficiente o no.
En el capítulo de “protección a los más débiles” también se incluía el compromiso de iniciar un proceso que condujera a la reforma de la seguridad social —algo que fue cumplido—, así como la “eliminación gradual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)”, que tuvo un avance muy parcial: la ley de Rendición de Cuentas votada en 2023 incluyó una reducción de las tasas progresionales que se aplican sobre los ingresos anuales.
Compromiso por el país: trabajo
Es innegable: el gobierno cumplió la promesa de mantener el sistema de consejos de salarios que había reimplantado el entonces presidente Tabaré Vázquez en 2005 tras casi 15 años sin convocatorias. El exministro Pablo Mieres instaló las negociaciones entre empresarios y trabajadores con la mediación del Ministerio de Trabajo. Es más, producto de la pandemia, este fue el gobierno con más rondas desde el regreso de la democracia: hubo tres en cinco años.
Como contrapartida, el Pit-Cnt dice que se perdieron derechos laborales y que se afectaron los salarios de los sectores sumergidos.
Pero, más allá del debate, el reconocimiento de los consejos de salarios como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales es una de las cuatro medidas con claro cumplimiento en el período, lo que representa el 30% de las analizadas de este capítulo.
También en el área salarial, entre las medidas con cumplimiento parcial está la defensa del poder de compra del salario “y en particular de los salarios más sumergidos”. ¿Por qué? Es verdad que en promedio aumentó 2,7% el salario realrespecto a 2019 (de hecho, alcanzó su pico en casi 50 años) pero otra historia es si ese aumento del poder de compra llegó a los sueldos bajos. El índice no está disponible según deciles (es decir, no hay forma de saber cómo les fue a los de mayores o menores salarios) pero una forma de aproximarse es el estudio de la Encuesta Continua de Hogares, aunque no es estrictamente salario sino que influyen otros ingresos como transferencias, jubilaciones o rentas. El estudio de esos datos indica que los hogares de menores ingresos no tuvieron crecimiento en términos reales. Lo admite a El País un exintegrante del gabinete: “Tenemos un debe con los salarios más bajos”.
Además se planteó avanzar hacia convenios sectoriales “que reflejen la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores”; esto es discutible que se haya cumplido aunque el gobierno lo intentó: la pauta en la primera ronda planteaba un aumento diferencial según el tamaño de las empresas, pero empleados y empleadores no tomaron ese criterio.
Directamente incumplido: la creación de un Consejo Técnico, con integrantes del Poder Ejecutivo, el Pit-Cnt y las cámaras empresariales, para suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos relevantes para la negociación colectiva. Esto, que requería una negociación entre las partes, no se concretó. En el ministerio consideran que hubiera sido bueno crearlo porque la conflictividad muchas veces tiene que ver con que las fuentes de información de las partes son distintas.
También se incumplió la meta de poner énfasis en los niveles de productividad, algo que Mieres intentó incluir sin éxito en la última ronda de negociación colectiva. Se llegó a instalar una comisión de trabajo sobre el tema pero no hubo avances concretos.
Otro grupo de medidas apuntaba al empleo. Curiosamente, la creación de nuevos puestos de trabajo no estaba entre las promesas del Compromiso (y al final se cerró el quinquenio con 111.000 nuevos puestos, según los datos oficiales). Como medidas cumplidas aparecen la actualización y sistematización de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo (se aprobó un plan nacional de inspecciones, un decreto que estableció la política nacional de estas áreas y medidas específicas como la ley de trabajo de las aplicaciones y la de riesgos meteorológicos en el medio rural), el impulso al cooperativismo (hubo un aumento de 21% en la cantidad de empleos generados en las cooperativas, lo que equivale a más de 4.800 nuevos puestos de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Cooperativas) y la reforma de las leyes de empleo juvenil, que no habían “generado los efectos esperados” hasta 2019. En este último punto el Ejecutivo aprobó una nueva ley pero desde el oficialismo se admite que el impacto ha sido bajo: “No mueve la aguja, las empresas no valoran los beneficios que se ofrecen, quizás por el miedo al control”. Por eso mismo, es discutible que se haya cumplido con la medida de incentivar la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas, mediante reducciones de aportes patronales y otros mecanismos.
También es discutible el cumplimiento de la promesa de mantener y profundizar el programa “Uruguay trabaja”, a cargo de Mides, que consistía en un régimen de acompañamiento para la integración al mercado laboral de los sectores más vulnerables. Ese programa fue eliminado y en su lugar se creó el programa Accesos, con diferentes características, metodología de medición y poblaciones atendidas (antes se seleccionaban por sorteo, ya no). Según el gobierno saliente en la primera edición se pasó del 10 al 20% de inserción laboral (en el nuevo programa se vinculó a estas personas a empresas “madrinas”), pero desde el Frente Amplio se dice que en la nueva etapa hay menos controles y conocimiento sobre los beneficiarios. Como sea, es compleja la comparación entre un programa y otro.
Compromiso por el país: transparencia
La transparencia, así como la necesidad de tener un estado más ágil, inteligente y moderno, fue otro puntal del discurso de los partidos que llegaron al gobierno en marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, se trata del capítulo con menores grados de cumplimiento, con la concreción de solo dos de las trece medidas: la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas y el fortalecimiento o mejora del sistema de compras públicas, que se canalizó a través de la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
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Entre las medidas que tuvieron un cumplimiento parcial está por ejemplo el aprovechamiento de inmuebles del Estado: la ley de Presupuesto de 2020 creó un Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, por el cual se identificaron alrededor de 8.000 en desuso, y se comenzaron los remates de unas decenas de ellos.
También se incluye en esta categoría como avance parcial la firma de “contratos por resultado con organizaciones que proveen servicios públicos”. Un ejemplo en línea con esa promesa —que fue incorporada del programa del colorado Ernesto Talvi— fue el Bono de Impacto Social promovido por el Mides.
Otro cumplimiento parcial fue la promesa de “fortalecer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y el Tribunal de Cuentas”. Respecto al TCA, la última Rendición de Cuentas otorgó los recursos para la creación de dos juzgados para atender causas “menores” con el objetivo de descongestionar el tratamiento de las más complejas. Las medidas de fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, en cambio, no solo no se concretaron, sino que la integración del organismo se mantuvo incambiada por falta de acuerdos políticos.
En el terreno de lo discutible se ubican medidas como la de “concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos”. En este punto, la Oficina Nacional del Servicio Civil impulsó —con apoyo de OPP— una reforma del Estado para darle mayor flexibilidad y modernidad a la carrera administrativa en el Estado, e identificó las diferentes ocupaciones existentes en la Administración Central, pero los respaldos políticos para avanzar a fondo, actualizando la escala salarial y las dispares compensaciones que reciben los funcionarios, fueron muy escuetos, con resistencias fuera y dentro del oficialismo.
Otro compromiso en esta categoría es la desburocratización y simplificación de trámites, terreno que no tuvo un impulso unificado ni significativo más allá de los avances usuales que hay en esa materia. Tampoco hubo avances claros en el compromiso de “fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas”. En 2023 el organismo obtuvo una partida incremental de presupuesto pero su directora ha señalado que “ningún gobierno” ha fortalecido al organismo en el nivel requerido. También se prometía el “fortalecimiento de las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva”. Un proyecto de ley del diputado blanco Gonzalo Mujica terminó sin avances y archivado, luego de recoger algunos apoyos pero también críticas, fundamentalmente de la propia Dirección General Impositiva (DGI). Ese organismo señala como ejemplo de “fortalecimiento” de las garantías la publicación de un texto ordenado que compiló las normas tributarias actualizadas. De la misma forma, el Compromiso por el País incluía la jerarquización del Portal de Transparencia Presupuestaria a cargo de la OPP, cuyo cumplimiento también es discutible.
Finalmente, hay dos compromisos que se dan por incumplidos. Por un lado, la “promoción de una normativa que establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales”. En ese tema, el Partido Nacional bloqueó un proyecto de ley que fue impulsado por el Partido Colorado—con Adrián Peña como abanderado— y que contaba con apoyos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Tampoco prosperó la votación de “un paquete de leyes anticorrupción” que incluyera figuras como “enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio”.
Otras áreas del Compromiso por el país
En la categoría “otras” se incluyeron 16 medidas diversas que comprenden áreas como salud, medio ambiente y derechos humanos.
Se cumplió, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Ambiente y en continuar participando en Operaciones de Paz de Naciones Unidas.
En salud hay planteos cuyo cumplimiento es discutible como una “reforma integral de ASSE, para transformarla en un prestador eficaz y eficiente” y la protección de la “libertad de elección de los usuarios” superando el “corralito mutual”. En este segundo punto hubo avances, es cierto, pero escasos. Antes el usuario se podía cambiar de institución solo en febrero y tras haber estado al menos tres años en el mismo prestador. Ahora el cambio no es en febrero sino que depende del dígito verificador de la cédula del usuario (un mes para cada número) y debe haber un mínimo de 23 meses sin haberse cambiado. Se sumó la posibilidad de cambiar de prestador si se incumplen los tiempos de espera pero hay que realizar un trámite.
Entre las medidas directamente incumplidas está adecuar progresivamente el valor de la cápita (que no sea “únicamente ajustada por edad y sexo”) y la creación de un sistema de incentivos que favorezca de manera no compulsiva la radicación de profesionales de la salud en el interior.
Fueron 20 millones de dólares los que el Ejecutivo destinó a la creación del Plan de Adicciones y Salud Mental, que modificó su diseño inicial y, además del Mides y el MSP, sumó a ASSE, a la Junta Nacional de Drogas y a la Udelar. El plan aún no se concretó (por eso el cumplimiento es parcial) pero tuvo avances, en particular el Mides inauguró un programa que apunta a población con consumo problemático de drogas y patologías psiquiátricas, incorporando a 760 usuarios en casas de medio camino, vivienda asistida y otras modalidades que cambian el paradigma.
El gobierno cumplió parcialmente el compromiso de hallar la verdad sobre los desaparecidos “sirviéndose de todos los instrumentos jurídicos disponibles”. Mantuvo presupuesto para excavaciones y se hallaron los restos deAmelia Sanjurjo y Luis Arigón Castel, pero Familiares le reprocha no haber sido más enfático en su rastreo de los militares prófugos y no haber investigado a fondo la veracidad de la respuesta que las Fuerzas Armadas le dieron al ministro Javier García, al asegurarle que no se había localizado documentación novedosa sobre los desaparecidos.
Otro parcial: se prometió un combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual. Se dieron pasos adelante en su cumplimiento, financiando parte de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, creando tres juzgados multimateria, reformando las instalaciones de otras 15 sedes, duplicando las tobilleras. Se reforzó la asesoría nacional de políticas de género del Ministerio del Interior convirtiéndola en dirección, se creó un plan de trata de personas y otro por la vida libre de violencia en el que los organismos del consejo propusieron medidas concretas y asignaron parte de su presupuesto. En cuanto a la represión de estos delitos, se crearon nuevas fiscalías especializadas y se endurecieron las penas por violencia sexual
FUENTE:DIARIO EL PAIS
