El III Foro Internacional de Movilidad Eléctrica se realizó este jueves 28 en la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Uruguay, a fin de promover el incremento de la movilidad eléctrica como parte de la transformación de la matriz energética. Con este propósito, el Gobierno prepara un programa, orientado a incentivar la reconversión de la flota urbana y suburbana del transporte de pasajeros.
El evento estuvo encabezado por los ministros de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y Ambiente, Robert Bouvier; el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, y el representante del CAF, François Borit. Asimismo, participaron los presidentes de Antel, Gabriel Gurméndez, y la UTE, Silvia Emaldi, así como autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).
Durante la actividad, Paganini expresó que el Gobierno implementa diferentes acciones tendientes a fomentar la transición para el uso de vehículos eléctricos, entre ellas, exoneraciones impositivas y subsidios en la compra de coches de pequeño porte y taxis.
De forma complementaria, señaló que, a los efectos de fortalecer la ruta eléctrica, la UTE instala una serie de cargadores rápidos en diferentes puntos del país. En la actualidad, la empresa estatal dispone de 235 puntos de carga en todo el territorio nacional y procura llegar a 300 antes de finalizar el año.
Bouvier se refirió a la construcción de una comunidad sostenible, con foco en los planos social, económico y ambiental. El jerarca explicó que, para alcanzar esa meta, la cartera trabaja de forma interinstitucional con otros actores del Poder Ejecutivo, en el desarrollo de una política nacional de movilidad sostenible, que involucrará a todos los gobiernos departamentales y municipales, a fin de llevar adelante experiencias piloto derivadas de políticas públicas en esta materia.
En otro orden, Falero explicó que el Gobierno está abocado a un proyecto de fideicomiso de la movilidad eléctrica por hasta 30 años, que permitiría acelerar la reconversión de las unidades de transporte público de pasajeros urbano y suburbano a un sistema eléctrico. Para lograrlo, la administración central brindará facilidades a empresas privadas para la inversión y se prevé, como contrapartida, que el recambio se establezca como obligatorio.
El jerarca explicó que se espera que, para 2025, cerca del 30% de estos coches sean eléctricos, lo que representa unos 286 ómnibus. Además, Falero adelantó que en los próximos cinco años se podría llegar a disponer de un 60% de la flota de este tipo de vehículos.