Tras las denuncias de las centrales obreras y movimientos sociales, la entidad internacional desmenuzó artículo por artículo el documento del Ministerio de Seguridad.Desde el organismo manifestaron que revise las disposiciones porque no revisten compatibilidad con los estándares internacionales y le aconsejaron que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.
En el texto se desglosó todos y cada uno de los artículos del protocolo que se puso en práctica por primera vez el 20 de diciembre y que se reactiva cada vez que hay manifestaciones en la vía pública.
“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, aseguraron los firmantes.
En la misma línea, los relatores remarcaron la función de las fuerzas de seguridad. “La obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”, destacaron.
Durante su descargo, la ONU también reparó en la presencia de manifestantes extranjeros: “Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas